Proyecto de Ley para comerciantes expropiados por ampliación de la Línea H
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó ante la Legislatura porteña un proyecto de ley que propicia la entrega de un beneficio económico a los comerciantes locatarios ocupantes de los inmuebles que se declararon expropiados por el Gobierno de la Ciudad, afectados a la construcción de las estaciones Santa Fe, Córdoba, Sáenz y Pompeya de la Línea H de Subtes.
Un conjunto de vecinos comerciantes presentaron numerosos reclamos en la Defensoría en los que manifestaron el perjuicio económico que les genera el traslado de su comercio, luego de desempeñarse durante años en el mismo lugar y los montos indemnizatorios que deberán afrontar frente a sus empleados, en caso de no poder continuar con su actividad.
En este sentido, la Defensoría señaló que debería tenerse presente que los locatarios del inmueble, para continuar desarrollando su actividad, deberán encontrar un nuevo local en la zona donde se desempeñaban incurriendo en nuevos costos de gestiones inmobiliarias, impuestos, sellados, tasas y habilitaciones comerciales.
Por este motivo, se presentó el proyecto de ley que expresa que se establezca “una ayuda económica, por única vez, a los comerciantes cuyo asiento comercial se encuentre en alguno de los inmuebles declarados de utilidad pública por la presente Ley y no sean propietarias del mismo”. Por su parte, indica que: “Los gastos que demande el cumplimiento serán imputados a la partida presupuestaria 329.12 Subterráneos de Buenos Aires- Construcción de la Línea H”.
En uno de los artículos se específica que el monto de la ayuda a otorgarse en cada caso no será menor al 10% del precio de los bienes sujetos a expropiación o el importe abonado en concepto de locación o canon durante los últimos doce meses
Este proyecto se inscribe en el marco de la ley 23514 de 1987 que fija la creación del “Fondo Permanente” administrado por subterráneos de Buenos Aires y destinado exclusivamente a las inversiones que originen los proyectos, construcciones, instalación y demás derogaciones necesarias para la habilitación de nuevas líneas o ampliación de las existentes.
Esta ley vigente protege el derechos de los propietarios, y la Defensora del Pueblo Alicia Pierini con este proyecto propone agregar la ayuda económica que fija la ley vigente a los locatarios de comercios y a sus trabajadores.